EVALÚA EN MÉXICO SA

México, S.A.

Carlos Fernández Vega

La Jornada. Martes 21 de julio de 2009

Y la lectoría aporta: “el gobierno del Distrito Federal ha realizado en dos ocasiones sendos concursos –en los cuales he participado: folio de solicitud 042/08; folio de incorporación 044/ 08– para la auditabilidad de sus principales programas. El hecho me parece de lo más importante con el fin de que entidades ajenas a ellos lleven a cabo la revisión en el diseño e implementación de lo que hace. La cuestión es que el organismo descentralizado que tiene a su cargo la aprobación de los proyectos presentados –ya sea por organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas– no ha cumplido con la normatividad. A manera de ejemplo: en la convocatoria 01/2008 incorporó criterios adicionales para determinar la asignación de los proyectos, los cuales no estaban señalados en la convocatoria. En el concurso de este año otorgó uno de los proyectos a una organización que no estaba inscrita en el directorio de evaluadores, lo cual era un requisito establecido en la convocatoria. Estas y otras inconsistencias, que crean suspicacias en la transparencia de dichos concursos, las he planteado a Martí Batres, presidente del órgano dictaminador, el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal; también al director de dicho consejo, Pablo Yáñez Rizo, e incluso ante la contralora interna del Gobierno del DF, Inés Cruz, con el fin de que sean investigados los hechos. Sin embargo, a una semana de ello no he recibido ninguna respuesta. Por cierto, las evaluaciones externas realizadas en 2008 a los programas del gobierno del DF no aparecen por ninguna parte. En aras de la transparencia, deberían darse a conocer dichos documentos públicos. ¿Será que ni nos ven ni nos oyen?” (Ricardo García Ortega, chispolito@prodigy.net.mx).

México, S.A.

Carlos Fernández Vega

La Jornada. Sábado 25 de julio de 2009

El pasado martes en este espacio se publicó una denuncia ciudadana en contra del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal por incumplimiento de la normatividad, la incorporación de criterios adicionales para determinar la asignación de los proyectos originalmente no establecidos en la convocatoria y otras inconsistencias. Lo anterior provocó la inmediata atención del caso por parte del referido organismo, y su petición de incluir en México SA las aclaraciones hechas a la parte ofendida. Paralelamente, recibimos una nueva queja sobre el particular, con idéntica solicitud. Van, pues, en ese orden.

Del organismo, en carta dirigida al primer ofendido, con firma de su director general, Pablo E. Yáñez Rizo: “el Comité de Evaluación y Recomendaciones de este Consejo no asignó la evaluación de la política hacia los jóvenes a una organización no registrada en el directorio de evaluadores, tal como puede constatarse en la página electrónica del Consejo, en la que aparece la Asociación Civil Iniciativas para la Identidad y la Inclusión (INICIA, AC), registrada bajo el número de incorporación 019/08.

“Tanto la convocatoria para la inscripción en el directorio de evaluadores externos en su párrafo antepenúltimo, así como el inciso primero del artículo 34 de nuestro Estatuto Orgánico, establecen que la inscripción al Directorio está abierta de manera permanente, por lo que resulta insostenible su afirmación en el sentido de que ‘aún después de haberse cerrado el plazo para el registro en el Directorio de Evaluadores el pasado 6 de julio de este año…siguieron apareciendo en la página de Internet decenas de inscritos más, entre ellos el de Saúl Escobar, a quien se le asignó la evaluación de las políticas de apoyo al empleo y promoción del trabajo...” pues Escobar solicitó su incorporación y quedó registrado (3 de julio) antes de que la recepción de las propuestas se hubiera cerrado.

“Teresa Incháustegui Romero fue incorporada (después de analizar su solicitud y habiendo dejado su encargo ciudadano de consejera el 30 de abril de 2009) en el Directorio de Evaluadores Externos bajo el número de folio 056/09, al haber cumplido con todos los requisitos señalados en la convocatoria y no estar en ninguno de los supuestos que lo impidieran. Así, con su incorporación al Directorio de Evaluadores no se violentó ninguna normatividad al respecto.

“Para evitar cualquier conflicto de intereses, el Comité de Evaluación y Recomendaciones durante la cuarta sesión ordinaria 2008 y con relación a las propuestas recibidas relativas a la convocatoria 001/2008, resolvió establecer como criterio de exclusión para la asignación de las evaluaciones a quienes hubieran sido funcionarios o asesores del gobierno federal o del DF en los últimos cinco años, o a organizaciones civiles o sociales de los que precedente que se vería reflejado tanto en los términos en los que fue expedida de la convocatoria 001/2009, como en el tercer párrafo del artículo 32 del Estatuto Orgánico del EVALÚA-DF (Gaceta Oficial del DF del 15/06/09).

“Con relación a su solicitud de conocer los resultados y conclusiones de las evaluaciones externas realizadas en el 2008, me permito recordar que de acuerdo a los señalado por el artículo 42 –párrafo sexto– de la Ley de Desarrollo Social y el 46 del Estatuto Orgánico del EVALÚA-DF, las mismas se harán públicas una vez que las recomendaciones del Consejo tengan el carácter de definitivas... EVALÚA-DF no tiene atribuciones de órgano auditor de los programas sociales, sino que la atribución (...) para este Consejo es la de la realización, como facultad exclusiva, de la evaluación externa de la política social y los programas sociales”. Hasta allí.

Ahora, la nueva denuncia: “respecto a las evaluaciones externas que otorga el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del GDF, EVALÚA-DF publicada (en México SA) el 21 de julio, tengo información veraz de las anomalías que han ocurrido en dicha instancia, y como ciudadana me preocupa que este órgano no cumpla a cabalidad sus labores sustantivas y haya indicios graves de corrupción, los cuales, al igual que la otra persona que dio su testimonio, hemos hecho ya llegar a las instancias correspondientes y al INFO DF. Las evaluaciones externas de 2008 no se han concluido ni presentado sus resultados, a pesar que estuvieron programadas para dicho año. Lo cual se puede verificar en los indicadores de gestión de 2009 publicados en la sección de transparencia de www.evalua.df.gob.mx. Como se puede observar en dicha sección, en el artículo 14, fracción III, los indicadores de gestión son cero por ciento de avance en metas.

“En las evaluaciones externas 2009, el Consejo otorgó la evaluación sobre la política del agua, a un equipo que presentó una propuesta incompleta, y se le dio la oportunidad de rehacerla lo que contraviene la equidad con otros equipos, pues en todo caso el rubro debió declarase desierto, como ocurrió con la evaluación de políticas para la infancia. La situación más grave, o al menos de las que conocemos, ocurrió con la asignación de la evaluación ‘externa’ a políticas para jóvenes, que se adjudicó a Tajín Villagómez, esposo de Ángeles Arcos, subdirectora de Planeación del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, y quien llevó, recibió, organizó y opinó sobre todo el proceso de revisión y adjudicación de las propuestas de evaluación. La evaluación se adjudicó precisamente a INICIA que efectivamente no estaba en el directorio, y cuyo responsable es Tajín Villagómez; dicha AC realiza un trabajo similar para la Comunidad Europea que otro que será financiado por el GDF para evaluar las políticas de jóvenes. Es decir podría cobrar por el mismo trabajo dos veces y sólo hay que ver la página web de INICIA AC. En el medio se conoce a esta AC como ‘caza convocatorias’, y con un apoyo así quién no gana los concursos.

Se trata de un caso claro de conflicto de intereses, pues se otorga un contrato al esposo de una funcionaria que decidió sobre otras propuestas. En el camino se dejó a expertos en el tema de jóvenes como (cita algunos nombres) por influyentismo. Esta anomalía está plenamente documentada, pues se contravienen todos los principios de una institución hecha precisamente para evaluar desde afuera al GDF (a petición expresa, se reserva el nombre).

Servidas las partes, no sin agradecerles que a la brevedad resuelvan el entuerto.